¿A quién beneficia?

Esta semana se ha puesto de actualidad el alcalde de Alboraia por pasar a la empresa privada y querer compaginar ese trabajo con sus funciones como alcalde y diputado. Que el sr. Álvaro tiene derecho a tener un trabajo, como todo hijo de vecino, nadie lo niega. Pero es el tipo de trabajo y el tipo de empresa que ha escogido lo que suscita dudas.

Hoy en día los ayuntamientos asumen gran variedad de servicios y muchos de estos servicios se externalizan , sobre todo cuando gestiona el PP, en busca, dicen, de una  mayor “eficacia” y “eficiencia”.

Alrededor de las administraciones públicas, surgen múltiples empresas que se dedican a captar recursos públicos para el desarrollo de “proyectos”. Si miramos los registros esas empresas a penas tienen trabajadores, con cuatro o cinco construyen centros deportivos, centros comerciales, crean colegios, invierten en marinas o puertos,  desarrollan páginas WEB, campañas en la red, etc.

Los “desarrollos urbanísticos” son su principal objeto de negocio,  pero en realidad son intermediarios, deben abarcar todo tipo de servicios y recoger el máximo volumen de negocio posible para después subcontratar a otras empresas que llevarán acabo el trabajo efectivo.

Ese es el caso del grupo que ha contratado al Alcalde de Alboraia. Para cumplir con su función necesitan “contactos” y ahí entran los cargos públicos.

Qué eso sea tráfico de influencias o cohecho habría que demostrarlo, pero ¿es ético que un alcalde que además dirige la “central de compras” de la Diputación trabaje para este tipo de empresas? Juzguen ustedes.

Este tipo de cosas probablemente esté pasando en todas partes, pero sobre todo el PP se mueve en el filo de la navaja y surgen grandes dudas o casos como los que implican a Fabra o a Camps.

Todos sabemos que el político se debe a los ciudadanos y sus decisiones no pueden estar condicionadas o mediatizadas por los intereses privados ni por el ánimo de lucro de unas u otras empresas.

Pero también las empresas que trabajan para el servicio público han de ser corresponsables con las administraciones y solidarias con los ciudadanos, han de ser extremadamente leales porque trabajan con el dinero de todos.

Personalmente creo que hay que reflexionar al respecto, ser más exigente, más transparente y respetar escrupulosamente las reglas del juego. Todos los partidos y todos los políticos deben ser los primeros en este respeto, pero las empresas también